Guinea Ecuatorial continúa con las negociaciones con Duglas Alliance, la empresa responsable de la ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Sendje. Por ello, el miércoles 5 de febrero, el Vicepresidente ha presidido una sesión de trabajo con la compañía, en la que también han intervenido el Primer Ministro del Gobierno, Manuel Osa Nsue, así como representantes de los ministerios involucrados, GEProyectos, consultarías internacionales y abogacía del Estado.

En el menú de discusiones se ha vuelto analizar la situación de las 24 no conformidades que figuran en el contrato de la construcción de dicha central. Durante la cita, celebrada en el Palacio del Pueblo en Malabo, se ha sabido que la empresa reclamaba al Estado ecuatoguineano el pago de 90 millones de euros por los trabajos ya realizados y gastos extrapresupuestarios; pero la semana pasada, después de entablar negociaciones con el Primer Ministro bajo recomendaciones del Vicepresidente de la República para revisar los diferentes conceptos del presupuesto, la deuda que ahora presenta la compañía ha descendido desde 90 millones de euros a 30.

En este sentido, Nguema Obiang Mangue, en su estrategia de luchar contra la sobrefacturación en los proyectos del Estado, ha recomendado a los presentes analizar nuevamente los conceptos para estar seguros de que estos 30 millones es el monto real que el Gobierno debe pagar a la empresa Duglas; ya que ha indicado que no entiende porque la firma, hace apenas días, exigía el triple de este monto.

Por su parte, los técnicos de la consultora suiza AFRY, que supervisa las obras de la central hidroeléctrica, ha revelado en su informe a los presentes que hay varias no conformidades que afectan a diferentes aspectos de la construcción civil y la electromecánica; anomalías que podrían mermar la calidad y el funcionamiento de la obra, las cuales podrían dejar una deuda por parte de Duglas Alliance al estado ecuatoguineano de más de 191 millones de euros.

Y para encontrar un terreno de entendimiento, entre las partes, la segunda figura del país ha propuesto dos iniciativas: por un lado, que se demande a la firma las explicaciones sobre las no conformidades, entre ellas las que incurren en la construcción de la presa, los equipos, y que se presente la certificación de esta y el estudio de ejecución. En segundo lugar, que detalle adecuadamente los conceptos de los 30 millones de euros que se exige al Estado ecuatoguineano.

Información y fotos: Gabinete de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República
Departamento de Prensa del PDGE