La sala de reuniones de la Presidencia del Gobierno ha sido escenario, este jueves 4 de diciembre, de un encuentro crucial entre el Primer Ministro, Manuel Osa Nsue, y los máximos responsables de las Empresas Públicas y Organismos Autónomos del país. La reunión, calificada de urgente y estratégica, buscaba esclarecer las causas del estancamiento operativo que atraviesan estas entidades y trazar medidas inmediatas para corregir la situación.
Durante el encuentro, el Primer Ministro señaló fallos graves en la estructura de gobernanza de los organismos, donde —según destacó— los Directores Generales están asumiendo competencias que corresponden exclusivamente a los Presidentes de los Consejos de Administración. Uno de los ejemplos más ilustrativos mencionados fue la aplicación unilateral de políticas salariales, que por ley deben ser aprobadas y validadas únicamente en el seno de los Consejos de Administración.
Otros temas analizados fueron la ausencia de control sobre los pagos realizados a los prestadores de servicio, así como la falta de beneficios por parte de estas compañías. En muchos casos, los ingresos generados por estas empresas en un ejercicio determinado se corresponden exactamente con el nivel de gastos del mismo período, dejando al Estado sin la posibilidad de recibir los dividendos que le corresponden. En cuanto a los organismos autónomos que reciben subvenciones, se recordó que parte de estos fondos se destina indebidamente a cubrir ciertos mantenimientos contratados por la estructura de gobernanza. Todas estas cuestiones motivaron la creación del Comité de Reestructuración, con el propósito de dar una solución inmediata a la problemática.
Uno de los anuncios más contundentes del Primer Ministro fue la instrucción de que, a partir de la fecha, todo pago que supere los 10 millones de francos CFA deberá ser aprobado por los Consejos de Administración. Esta decisión busca cortar de raíz la discrecionalidad con la que, hasta ahora, algunos Directores Generales manejaban los recursos. Osa Nsue advirtió que, si los Consejos demoran injustificadamente la autorización de estos pagos, el Comité de Reestructuración asumirá el control directo del proceso, a fin de garantizar transparencia y agilidad administrativa. Quedan exceptuados de este nuevo filtro los pagos recurrentes, como las nóminas, que podrán continuar su curso normal.
Para fortalecer la rendición de cuentas, el Primer Ministro anunció la instauración de un nuevo módulo de control mediante el cual, en un plazo máximo de 30 días, todas las empresas y organismos deberán justificar tanto las solicitudes de pago como los gastos ya realizados. Esta herramienta permitirá monitorear con mayor rigor el uso de los fondos públicos y evitar prácticas irregulares.
Otro punto crítico abordado fue el cumplimiento del mandato legal que obliga a las Empresas Públicas a destinar el 10% de su facturación mensual al Estado mediante un sistema de débito automático. Al confirmarse que muchas entidades no están cumpliendo correctamente con este procedimiento, el Primer Ministro instruyó al Ministerio de Hacienda a establecer un seguimiento más estricto y permanente para garantizar que se respete lo establecido. Esta medida se tomó habida cuenta de que las empresas públicas no venían destinando los dividendos correspondientes al Estado.
En un tono firme, el Primer Ministro puso fin al reclutamiento de personal sin autorización previa. Aseguró que cualquier contratación no validada en los canales correspondientes será sancionada, insistiendo en que la disciplina administrativa es una condición indispensable para la recuperación del funcionamiento institucional.
El Encargado de la Coordinación Administrativa cerró la reunión subrayando que el Estado no puede seguir tolerando la ineficacia estructural de las entidades públicas. Dejó claro que, para el año 2026, deberá estar resuelta la problemática del mal funcionamiento de las Empresas Públicas y Organismos Autónomos, y que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.
La reunión concluyó con un llamado a la responsabilidad colectiva, instando a los Presidentes de Consejos y Directores Generales a asumir sus roles con rigor, transparencia y compromiso, para garantizar una administración pública eficiente, ordenada y alineada con los intereses del Estado.
Oficina de Prensa del Gabinete del Primer Ministro
Departamento de Prensa del PDGE
