Julio 9, 2017

El gabinete de los abogados que se ocupan de la defensa del Vicepresidente de la Nación, S. E. Teodoro Nguema Obiang Mangue, en el proceso que se lleva a cabo en París, ha emitido un comunicado para resumir la situación del caso, que ha quedado visto para sentencia; una sentencia que no se hará pública hasta el mes de octubre. Hay que recordar que en el VI Congreso Nacional Ordinario del PDGE se ha condenado este proceso judicial, y oficialmente se ha definido como una mascarada que oculta un intento de ataque real contra las instituciones de nuestro país.

El comunicado de los abogados, emitido el pasado 7 de julio, resume la situación final del proceso, tras la defensa planteada por el equipo de letrados: “En una jornada caracterizada por las conclusiones de la Defensa, los tres abogados del acusado, Enmanuel Marsigny, Tierry Marrembert y el Dr. Sergio Esono Abeso Tomo, cada uno en su turno, han demostrado, primero con una presentación general de los argumentos, que este proceso no tiene legitimación legal, por tratarse de una acusación de blanqueo y malversación de fondos públicos”.

-“Emmanuel Marsingy empezó demostrando que el juicio era político. Se juzgaba al Vicepresidente por ser hijo de su padre. Señaló después que, para que exista blanqueo de capital en el lugar de destino (en este caso, Francia) debe existir un delito de origen, en nuestro caso de “malversación de fondos públicos”; delito que no ha sido probado por ninguna de las partes de la Acusación Particular, ni tampoco por la Fiscalía”.

Igualmente, tal y como indica el comunicado, “el abogado de la parte ecuatoguineana, el doctor Sergio Abeso Tomo, desmanteló cada uno de los argumentos de la acusación, basada más en presunciones de contexto político, odio al régimen ecuatoguineano, desprecio por la normativa legal de Guinea Ecuatorial y un exceso de empecinamiento en demostrar la lógica de la corrupción generalizada en un país lleno de delincuentes y sin ley”.

En una última intervención, el letrado Tierry Marrembert habló de la ausencia de los hechos reprochados: “Para demostrar que existe blanqueo, debe probarse que el dinero obtenido de manera fraudulenta, fue ingresado en una cuenta, transferido a Francia y utilizado para la compra del inmueble de la Avenida Foch, 42, así como los vehículos, colecciones de arte y demás bienes de valor en el objetivo de este caso. Sin embargo, hasta la fecha, no ha podido demostrarse de manera objetiva y con pruebas contundentes e irrefutables la relación directa entre las transferencias bancarias, las adquisiciones y la supuesta malversación de fondos públicos”.

El comunicado de los letrados igualmente trasmite el absurdo e incongruente hecho de que la coalición de oposición CORED (Coalición para la Restauración Democrática en Guinea Ecuatorial), fuesen los representantes, según la acusación particular, del pueblo de Guinea Ecuatorial. Una coalición que ni siquiera está legalizada en el país y que por tanto carece de legitimidad para representar al pueblo de Guinea Ecuatorial: “La Fiscalía en sus conclusiones solicitó 3 años de prisión y 30 millones de euros de indemnización, mientras la Acusación Particular, Transparency International solicitó 50.000 de indemnización para sí mismos, y la CORED 20.000 euros por cada uno de sus 19 miembros, así como 10 años de cárcel para el acusado”.

Tal y como concluye el comunicado, la sentencia no se conocerá hasta pasados unos meses: “Los jueces deliberan a partir de la fecha, para intentar encontrar pruebas contundentes que de momento nadie ha podido presentar, como tampoco pudo ser probado en el proceso civil que tuvo lugar en Estados Unidos, cuya solución se cerró con un acuerdo entre D. Teodoro Nguema Obiang Mangué y el Departamento de Justicia. La sentencia nos da cita el próximo 27 de octubre 2017”.

Fuente: Gabinete y Agencia T & E.

Departamento de Prensa del PDGE