Posibles casos de fraude y evasión fiscal afectan a empresas encargadas del mantenimiento de edificios públicos.
La información se desprende de los primeros resultados del informe preliminar presentado este miércoles 13 de mayo al Vicepresidente de la República, durante la reunión celebrada en el Palacio del Pueblo, en Malabo, con la comisión mixta creada para investigar la situación de las empresas responsables del mantenimiento de los edificios ministeriales del país.
Según las conclusiones iniciales, las irregularidades detectadas afectan a varias compañías que habrían incumplido sus obligaciones fiscales y laborales, pese a haber recibido importantes sumas de fondos públicos. De las más de 600 empresas que operan en este sector, la comisión ha iniciado el análisis con las primeras 50, cuyos resultados han sido calificados de preocupantes.
El informe recoge que estas empresas percibieron durante el ejercicio 2025 más de 7.498 millones de francos CFA en concepto de contratos públicos. Sin embargo, a pesar de haber declarado beneficios superiores a 3.918 millones de francos CFA, mantienen una deuda acumulada con el Estado de más de 2.424 millones, correspondiente a conceptos como cotizaciones al INSESO, IRPF, cuota mínima fiscal, Fondo de Protección del Trabajador e Impuesto sobre Sociedades, entre otros.
Uno de los aspectos más graves señalados por la comisión está relacionado con la situación laboral de los trabajadores declarados por estas compañías. De los 931 empleados registrados, 841 no cuentan con contratos, nóminas ni documentación que acredite la prestación efectiva de servicios, lo que apunta a posibles irregularidades administrativas y laborales.
Tras conocer estos primeros resultados, S.E. Nguema Obiang Mangue expresó su preocupación por unas prácticas que, según señaló, perjudican al Estado, vulneran los derechos de los trabajadores y reducen recursos que deberían destinarse a servicios públicos y al bienestar de la población.
Ante esta situación, el Vicepresidente de la República ha instruido a los ministerios de Hacienda, Tesorería y Trabajo, así como al INSESO, a verificar todas las cifras presentadas por la comisión y a elaborar el informe definitivo en el plazo de una semana. Asimismo, ha advertido que las empresas implicadas deberán regularizar sus deudas con el Estado y asumir las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación vigente.
Mientras avanzan las verificaciones técnicas y documentales, la comisión mixta continuará ampliando las investigaciones al resto de empresas vinculadas al mantenimiento de edificios públicos, con el objetivo de determinar el alcance real de las irregularidades detectadas, depurar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y administrativas por parte de las empresas contratadas por el Estado.
Oficina de Imagen y Prensa de la Vicepresidencia
Departamento de Prensa del PDGE
