Una comisión del Gobierno inspeccionará las viviendas sociales del país para controlar a los propietarios que no pagan sus cuotas correspondientes y controlar la situación de las mismas. Además, se ha establecido una cuota de 70.000 Francos CFA mensuales. Estas han sido las conclusiones extraídas en la reunión presidida el lunes 6 de enero por el Primer Ministro.
El Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue, se ha reunido en la mañana del lunes 6 de enero con los responsables de los departamentos de Justicia, Tesorería, Hacienda, Obras Públicas, la directiva de ENPIGE (Ente Público de Gestión Inmobiliaria de Guinea Ecuatorial) y la directiva de todos los bancos que operan en el país, con el objetivo de analizar la mala gestión de las viviendas sociales y exigir responsabilidades a las partes.
Después del primer encuentro que mantuvo el Primer Ministro el viernes pasado 3 de enero, con la directiva de ENPIGE, se determinó conocer cuál es el nivel de endeudamiento que tienen algunos de los propietarios que no pagan sus cuotas, entre otras cuestiones. Sin embargo, ENPIGE no pudo proporcionar toda esa información solicitada por el Primer Ministro por no disponer de la misma.
Por eso, se ha mantenido una nueva reunión, en la que el Primer Ministro ha indicado que se debe trabajar en estrecha colaboración con los bancos, para garantizar que los propietarios abonen sus cuotas mensuales y para que ENPIGE reciba la información del estado de estos pagos cada mes.
También se ha establecido el importe mensual a abonar por los propietarios de las viviendas sociales en 60.000 Francos CFA, más otros 10.000 en concepto de mantenimiento; total a abonar cada mes: 70.000 Francos CFA. Un importe que es totalmente asumible para todo ciudadano que a día de hoy cuente con alguna vivienda del Gobierno, señalaba el Primer Ministro.
Y ante esta relajación y falta de colaboración de los propietarios por no querer seguir pagando sus viviendas, y de otros que incluso acumulan atrasos importantes de más de 5 años de impago, el Primer Ministro ha instruido que desde ya se les empiece a exigir abonar sus importes. En caso contrario, el Gobierno tendrá que tomar decisiones drásticas que conllevarán al desahucio de los propietarios en permanente estado de morosidad. Sin embargo, antes de iniciar con esa fase de desahucios, el Gobierno concederá un periodo de gracia a todos los propietarios con deuda acumulada, para poder regularizar su situación, según puntualizaba el Primer Ministro.
También se ha hablado de que muchos de los propietarios han realizado prácticas de compraventa ilegal de sus viviendas, sin siquiera haber pagado estas en su totalidad, información que ni le consta a ENPIGE ni mucho menos al Gobierno.
El Primer Ministro finalizaba comunicando la constitución de una comisión que se desplazará a todas las viviendas para conocer la situación de sus ocupantes y así luchar contra la morosidad.
Información y fotos: Departamento de Prensa del Gabinete del Primer Ministro
Departamento de Prensa del PDGE
