Los días miércoles 2 y jueves 3 de julio, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial dio un nuevo paso en su estrategia de fortalecimiento de la disciplina fiscal y del cumplimiento de la legalidad, al alcanzar importantes acuerdos con varias de las principales empresas distribuidoras y mayoristas que operan en el país.

La primera reunión, presidida por el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, en el Palacio del Pueblo de Malabo, permitió formalizar los compromisos de pago asumidos por las empresas Guinaco, Pegasos, Martínez Hermanos, EGTC y AJM Group para regularizar las deudas tributarias que mantienen con la Hacienda Pública.

Las obligaciones corresponden principalmente al Impuesto sobre Sociedades, al IRPF y a otros tributos acumulados durante varios ejercicios fiscales. Según los datos presentados durante el encuentro, la deuda conjunta ascendía a 57.173 millones de francos CFA, de los cuales únicamente se había recuperado una pequeña parte hasta el inicio del proceso de negociación impulsado por el Ejecutivo.

Con la firma de los acuerdos, las compañías se comprometen a ingresar de forma inmediata más de 15.000 millones de francos CFA, entre pagos directos y compensaciones económicas, mientras que el importe restante será abonado progresivamente conforme al calendario pactado con el Ministerio de Hacienda. El objetivo fijado por el Gobierno es lograr la liquidación total de la deuda en un plazo máximo de tres años.

Durante la reunión, el Vicepresidente recordó que el cumplimiento de las obligaciones tributarias constituye un deber para todas las empresas que desarrollan su actividad en Guinea Ecuatorial y subrayó que estos recursos permitirán seguir financiando infraestructuras, servicios públicos y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.

En este sentido, animó también a las empresas mayoristas a ampliar sus redes comerciales hacia Ciudad de la Paz, destacando que el crecimiento de la futura capital administrativa requiere una mayor oferta de bienes y servicios. Asimismo, reiteró la disposición del Ejecutivo a facilitar el acceso a terrenos y generar condiciones favorables para nuevas inversiones.

Al día siguiente, el jueves 3 de julio, el Gobierno formalizó igualmente un acuerdo con Comercial Santy, empresa operadora de la firma ENBASA, para el pago de la sanción impuesta por los hechos relacionados con la manipulación irregular de productos de consumo.

El convenio, firmado por el representante legal de la empresa durante una reunión presidida igualmente por el Vicepresidente de la República, establece el abono de la multa de 1.000 millones de francos CFA en dos plazos: un primer pago de 500 millones en un plazo de cinco días y un segundo desembolso que deberá efectuarse en los ocho meses siguientes.

El acuerdo fue alcanzado tras un proceso de mediación impulsado por el Gobierno entre la Fiscalía General del Estado y la empresa, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la sanción y restablecer la normalidad jurídica una vez asumidas las responsabilidades derivadas del caso.

En el marco de esta resolución también quedó definida la situación de las personas implicadas en el procedimiento. Nicolás Ruso, exresponsable de calidad de ENBASA, podrá regresar al país, aunque queda inhabilitado de forma permanente para desarrollar actividades relacionadas con la elaboración, distribución o comercialización de productos de consumo. Por su parte, Suresh Alikkal, que permanecía en prisión preventiva, recibió el indulto oficial del Ejecutivo y recuperará su libertad efectiva.

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando una investigación iniciada tras una denuncia ciudadana permitió confirmar la utilización de materias primas caducadas en la fabricación de bebidas, circunstancia que motivó la imposición de la sanción económica y el cierre temporal de las instalaciones de ENBASA.

Durante la reunión, Nguema Obiang Mangue insistió en que la autorización para que Comercial Santy continúe desarrollando su actividad está condicionada al estricto cumplimiento de las normas sanitarias, advirtiendo que cualquier reincidencia conllevará la aplicación de las medidas previstas por la legislación vigente.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo reafirma su política de exigencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales de las empresas que operan en el país, apostando por la recuperación de recursos públicos, la protección de la salud de los consumidores y el fortalecimiento del clima de seguridad jurídica para el desarrollo económico de Guinea Ecuatorial.

Oficina de Imagen y Prensa de la Vicepresidencia
Departamento de Prensa del PDGE