El Presidente del Tribunal de Cuentas, Melchor Esono Edjo, ha presentado este lunes, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, el informe sobre las actividades llevadas a cabo por ese órgano constitucional, desde su puesta en funcionamiento, en una sesión desarrollada bajo la moderación del Presidente Gaudencio Mohaba Messu.
El Tribunal de Cuentas es uno de los órganos constitucionales que surgieron de la última reforma de la Ley Fundamental, como una herramienta de control, fiscalización, evaluación y de monitoreo en la gestión económico-financiera y patrimonial del sector público, que vela por la transparencia y la disciplina en la gestión fiscal de la administración, de los particulares y de las entidades que manejan los fondos o bienes públicos.
Esa institución también se encarga de prescribir los métodos y las formas de rendir cuentas a los responsables del manejo de los fondos o bienes públicos, establecer los criterios de evaluación financiera, revisar y controlar las cuentas que deben llevar los responsables del erario público y determinar el grado de eficacia y eficiencia con los que se hayan obrado, establecer la responsabilidad que se deriva de la gestión fiscal, proponer las sanciones pecuniarias que corresponden y ejercer la jurisdicción coactiva sobre las mismas.
Otras funciones del Tribunal de Cuentas consisten en promover investigaciones penales y disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses económicos y patrimoniales del Estado, certificar sobre la situación de las finanzas y las cuentas públicas y exigir los valores de responsabilidad al empleado público o privado, en el ejercicio de sus funciones públicas.
Melchor Esono Edjo ha explicado a los honorables el proceso de la puesta en funcionamiento de ese órgano constitucional, desde el nombramiento de sus miembros, la elección de su presidente y el establecimiento de su sede, hasta su organización interna, la elaboración de sus presupuestos y las actividades llevadas a cabo.
El Tribunal de Cuentas funciona con un total de catorce magistrados, propuestos por las dos Cámaras del Parlamento Nacional y un fiscal propuesto por el Ministerio de Justicia y al ser la fiscalización la esencia misma de esa institución, en el transcurso del periodo objeto de ese informe, ha llevado a cabo tareas fiscalizadoras, como el análisis de la liquidación de los presupuestos generales del Estado del 2021, exámenes y comprobación de algunos gastos públicos autorizados por el Gobierno y su correcto pago e imputación presupuestaria, la fiscalización y revisión de los contratos de mantenimiento de las infraestructuras y servicios del Estado y la verificación preliminar de los presupuestos estatales del presente ejercicio económico.
El Presidente del Tribunal de Cuentas también ha informado a los representantes del pueblo sobre las irregularidades que ese órgano fiscalizador ha constatado en los contratos de mantenimiento de las infraestructuras y servicios del Estado.
Se ha constado la existencia de contratos de mantenimiento de bienes inexistentes y de edificios sin especificación, contratos de mantenimiento de un mismo edificio sin especificar la tarea de cada empresa, contratos separados de una misma acción, pero que reciben pagos separados y contratos no autorizados por el ordenador nacional de pagos.
El Tribunal de Cuentas también ha constatado que muchos servicios oficiales están alojados en propiedades privadas con contratos de alquileres millonarios, a pesar de que la administración cuenta con edificios oficiales propiedad del Estado, con espacios desocupados que pueden albergar algunos de esos servicios.
El órgano fiscalizador ha instado al Ministerio de Hacienda a que verifique si todas esas empresas de mantenimiento están cumpliendo con sus obligaciones tributarias y su presidente también ha solicitado el apoyo y la implicación del Parlamento nacional en la tarea de sensibilización a la administración pública, los entes autónomos y las empresas públicas, para que colaboren con el Tribunal de Cuentas en el suministro de datos que soliciten, para la eficacia en el desempeño de sus funciones constitucionales.
Melchor Esono Edjo y sus colaboradores recomiendan igualmente que el Ministerio de Hacienda y Presupuestos transfiera al Tribunal de Cuentas la membrecía ante las entidades fiscalizadoras superiores, de las que Guinea Ecuatorial es miembro.
Los dos grupos parlamentarios, a través de sus Portavoces, han manifestado su apoyo a la acción del Tribunal de Cuentas contra las personas físicas o jurídicas que pretendan adueñarse de los recursos y bienes del Estado y han resaltado la necesidad de que todas las instituciones colaboren con esa tarea de fiscalización.
Ese primer informe del Tribunal de Cuentas ha sido aprobado por el pleno de la Cámara de los Diputados y Gaudencio Mohaba Messu les ha recomendado a enfocar sus actividades en la sensibilización, trabajar en cohesión, con profesionalidad, prudencia y eficacia, deseándoles suerte y éxitos en el desempeño de sus funciones.
Información y fotos: Gabinete de Prensa de la Cámara de los Diputados
Departamento de Prensa del PDGE
