El informe final de la auditoría realizada sobre la gestión financiera de la Corte Suprema de Justicia fue presentado el pasado miércoles 1 de julio ante el Vicepresidente de la República. El documento concluye que durante el período analizado se produjeron numerosas irregularidades en la administración económica del órgano judicial, entre ellas presuntos casos de abuso de poder, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, deficiencias en la gestión de las cuentas bancarias y de las nóminas salariales, así como una administración arbitraria de la caja chica.
Según las conclusiones de la auditoría, estas irregularidades se habrían producido bajo la dirección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Evuy Nguema Mikue.
El informe también revela una práctica considerada especialmente irregular por la comisión investigadora, consistente en que la Corte Suprema asumía la ejecución de sentencias dictadas por distintos órganos jurisdiccionales del país. Para ello, se anulaban las cuentas bancarias de los juzgados competentes y todas las operaciones económicas se centralizaban en una única cuenta bajo el control de la Presidencia de la Corte Suprema.
Ante esta situación, la Comisión Especial de Investigación ha recomendado restablecer plenamente la autonomía de cada órgano jurisdiccional, permitiendo la reapertura de sus cuentas bancarias y la recuperación de sus competencias administrativas y financieras para el desarrollo normal de su actividad.
Durante la presentación del informe también se dieron a conocer nuevos datos sobre la actuación del magistrado Hilario Ballovera Casaña. Según informó el Vicepresidente de la República a través de sus redes sociales, el magistrado, actuando como asesor de los trabajadores, se habría apropiado indebidamente de más de 70 millones de francos CFA.
De acuerdo con la información facilitada, en un primer momento el implicado negó los hechos. Sin embargo, la revisión de la hoja de cálculo presentada por él mismo permitió comprobar que, de los 84 millones de francos CFA que afirmaba haber distribuido, únicamente constaban pagos por un importe aproximado de 22 millones.
A la vista de las irregularidades detectadas, la Comisión Especial de Investigación ha recomendado al Ejecutivo remitir el expediente a las instancias competentes para la adopción de las correspondientes acciones legales. Asimismo, propone ordenar la devolución al Tesoro Público de los salarios abonados de forma indebida durante el período investigado y exigir las responsabilidades que correspondan a las personas implicadas en caso de incumplimiento.
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