Las empresas encargadas del mantenimiento de los inmuebles propiedad del Estado deberán ingresar al Tesoro Público más de 1.387 millones de francos CFA por incumplimientos relacionados con obligaciones fiscales y prestaciones sociales. Así lo revela el informe elaborado por la Comisión Técnica encargada de verificar la situación contractual, laboral y tributaria de las firmas adjudicatarias.

El documento ha sido presentado este martes, 9 de junio, en la Jefatura de Estado en Malabo, durante una sesión de trabajo presidida por S.E. Nguema Obiang Mangue, en la que también han participado el Primer Ministro del Gobierno, varios miembros del Ejecutivo y representantes de las empresas afectadas.

En esta segunda fase del proceso de verificación fueron convocadas 50 compañías, de las cuales únicamente 43 comparecieron ante la comisión. Las siete restantes han sido excluidas de la prestación de servicios al Estado por no aportar la documentación requerida, sin perjuicio de las obligaciones económicas que continúan manteniendo con la Administración.

Los resultados expuestos ponen igualmente de manifiesto diversas irregularidades en materia laboral. De los 634 trabajadores declarados por las empresas analizadas, solo 236 se encuentran en situación regular, mientras que 398 presentan diferentes anomalías administrativas o laborales.

En el ámbito tributario y social, las compañías acumulan una deuda superior a los 910 millones de francos CFA por concepto del Impuesto sobre Sociedades, más de 33 millones correspondientes al IRPF, alrededor de 426 millones en cotizaciones pendientes al INSESO y más de 17 millones vinculados al Fondo de Protección al Trabajador. En conjunto, el importe adeudado asciende a 1.387.723.864 francos CFA.

Tras conocer las conclusiones del informe, Nguema Obiang Mangue ha felicitado a la comisión por el trabajo desarrollado y ha instruido al Ministerio de Hacienda para que mantenga reuniones con las empresas implicadas e inicie el proceso de regularización y amortización de las cantidades pendientes.

El Vicepresidente de la República ha subrayado que la intención del Ejecutivo no es apartar al sector privado de estas actividades, sino garantizar que las empresas que colaboran con el Estado cumplan con sus responsabilidades fiscales, laborales y sociales. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que la calidad de los servicios prestados sea proporcional a los importantes recursos económicos que la Administración destina mensualmente a su contratación, con el objetivo de preservar condiciones adecuadas de funcionamiento, mantenimiento y salubridad en las instituciones públicas.

En este contexto, ha solicitado a la comisión los informes remitidos por los distintos departamentos ministeriales sobre la calidad efectiva de los servicios realizados, así como una evaluación detallada de los recursos técnicos y la capacidad operativa de cada empresa, con el fin de determinar cuáles disponen realmente de los medios necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones.

A partir de los resultados obtenidos, el Gobierno analizará una posible reorganización del actual sistema de mantenimiento de los edificios públicos, una medida que podría contemplar la creación de una empresa nacional especializada en la conservación de las infraestructuras estatales o la continuidad exclusiva de aquellas compañías que acrediten solvencia técnica, capacidad operativa y resultados satisfactorios.

Oficina de Imagen y Prensa de la Vicepresidencia de la República
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