Los delegados regionales y el Director General de Tráfico Rodado y Seguridad Vial han sido suspendidos de sus funciones y salarios con efecto inmediato, al igual que sus secretarias.
Esta decisión ha sido tomada por el Vicepresidente de la República, S.E. Nguema Obiang Mangue, en respuesta a los resultados de una investigación realizada en dicho departamento. El informe revela la existencia de una red de producción y venta ilícita de permisos de conducir de clase «B», operada a través de una imprenta privada controlada por los implicados en calidad de socios. Las pesquisas han desvelado que, desde el inicio de estas operaciones en 2021, se han emitido más de 947 permisos fraudulentos entre las ciudades de Bata y Malabo.
Según los datos de la Gendarmería Nacional expuestos en la Jefatura de Estado, la legislación vigente en Guinea Ecuatorial establece que el permiso de conducir oficial tiene una validez de diez años, periodo que posteriormente se redujo a cinco. Sin embargo, en 2021, a propuesta de la Dirección de Tráfico, el Ministerio del Interior solicitó y obtuvo del entonces Primer Ministro la autorización para emitir permisos con validez de un año.
A partir de dicha autorización, la Dirección General de Tráfico contrató a una imprenta privada para producir los documentos que debían ser validados y comercializados a través de la Tesorería General del Estado. No obstante, fuentes del Tesoro Público han confirmado que nunca recibieron ingreso alguno por este concepto.
Modus Operandi
El esquema delictivo en Malabo, compuesto por el Director General, el Delegado Regional y una secretaria, consistía en imprimir los permisos según la demanda, omitiendo la intervención del Centro Nacional de Emisión de Documentos Oficiales (CNEDOGE) —entidad encargada legalmente de estos servicios— para venderlos en beneficio propio. En la ciudad de Bata se replicaba el mismo sistema. Se estima que, mediante esta práctica, la red habría recaudado millones de francos CFA de forma ilícita.
Ante la alegación de los implicados de haber ingresado parte de los fondos en el erario público, el Vicepresidente de la República ha instruido a la Gendarmería y a la Tesorería realizar una auditoría exhaustiva para verificar la veracidad de dichas afirmaciones y determinar el monto total defraudado.
Como medida cautelar, todos los sospechosos permanecen suspendidos de empleo y sueldo hasta que se esclarezca judicialmente su responsabilidad en los hechos.
Oficina de Prensa e Imagen de la Vicepresidencia de la República
Departamento de Prensa del PDGE
